La medida entrará en vigor desde la publicación y supone una revisión del Código Penal de 2015 donde no se estipulaban las cantidades exactas para justificar o no su aplicación. Si el acusado confiesa el delito o devuelve el dinero malversado, la pena capital se suspendería por dos años y en los hechos, significaría la conmutación por cadena perpetua, que es la condena habitual para los casos de corrupción en el país.
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